El Blog de Mariela Castro

Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva

Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Ciudad de México, 6 al 9 de octubre de 2015

Panel: “Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”
Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Estimadas y Estimados colegas:

Quiero comenzar esta presentación ponderando el esfuerzo y la dedicación del grupo que ha elaborado la Guía Operacional para la implementación del Consenso de Montevideo. Valoro el esfuerzo realizado, consciente de que operacionalizar este documento es un desafío sumamente complejo.

En este contexto, celebramos, de manera especial que la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos y el empoderamiento de las personas jóvenes como agentes de cambio, hayan sido reconocidos como ejes centrales para el desarrollo sostenible. Sin embargo, lamento profundamente que otros derechos sexuales no sean comprendidos, con todas las implicaciones que tienen para el desarrollo y la dignidad plena de las personas, aunque nuestra región si lo haya contemplado en el Consenso.

Son apenas pasos en un largo camino, que también se propone promover la agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo como eje central de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. El Consenso de Montevideo resulta ser el documento más avanzado en esta materia a nivel internacional. Nos corresponde considerarlo una fortaleza en los procesos de integración regional, y una oportunidad para trabajar las agendas de desarrollo de manera concertada. La meta no es producir muchas agendas, sino integrarlas para cumplirlas.

El documento de Montevideo es una valiosa declaración de compromiso político de nuestros Gobiernos que, para ser implementado, requiere de un mecanismo de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del cumplimiento de las prioridades establecidas. Los avances que en materia de población y desarrollo se aprecian en nuestra región demuestran que lo que nos proponemos hoy es posible, siempre que exista la voluntad política para lograrlo y el compromiso real, honesto y sincero de situar al ser humano en el centro de las estrategias de desarrollo.

En respuesta a la invitación de examinar la contribución de la guía operacional para la implementación y seguimiento del capítulo D “Acceso Universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva”, me permito algunos comentarios, sobre los aspectos que me resultan más significativos. Para ello comenzaré haciendo referencia a aquellos aspectos que considero importante resaltar, continuaré con comentarios sobre las medidas prioritarias y las metas, y finalizo con algunas recomendaciones estratégicas.

Tenemos en nuestras manos un grupo de herramientas y mecanismos de rendición de cuentas que, si logramos que nuestros Gobiernos se apropien de ellos, pudieran ser de gran utilidad. La riqueza y amplitud conceptual del Consenso de Montevideo hacen que el proceso de construcción de la guía operacional sea complejo. Su análisis nos alerta sobre posibles retos que nuestros países tendrán que enfrentar para su aplicación, como por ejemplo, la formación de recursos humanos y la generación de información con niveles de desagregación específicos y diversos, que a menudo no están disponibles en las estadísticas nacionales y regionales.

En el Capítulo D de la guía operacional se ponen de manifiesto tres aspectos que deseo destacar:
• Se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como partes integrantes de los derechos humanos
• Se perciben las desigualdades marcadas en América Latina y El Caribe y su impacto en el comportamiento de los indicadores de Salud Sexual y Reproductiva.
• Hay una visibilidad esclarecedora de la interrelación del acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva con temas abordados en otros capítulos, como género, educación, juventud y la necesidad de generar datos.

El capítulo D comprende 14 medidas prioritarias. Me referiré a las líneas de acción, metas e indicadores de algunas de ellas, resaltando aspectos significativos y también elementos que denotan complejidad.

La medida prioritaria 34, en sus dos primeras líneas de acción, evidencia el avance que tiene el Consenso enrelación con otros instrumentos a nivel internacional en el reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales como derechos humanos, desde una perspectiva integral y desmarcándose del significado exclusivamente reproductivo. Estas líneas son:
1. Asegurar la existencia de marcos normativos específicos sobre los derechos sexuales con respeto al sexo, edad, género, identidad de género, orientación sexual, estado civil, condición de salud o estatus de VIH/SIDA.

2. Desarrollar los mecanismos para la aplicación de la legislación, los marcos normativos sobre derechos sexuales y los recursos financieros necesarios para ponerlos en práctica.

Es importante tener en cuenta que los países de América Latina y El Caribe tienen escenarios políticos, económicos y sociales diferentes que pautarán, sin dudas, su avance en cuanto a la implementación de legislaciones nacionales específicas sobre derechos sexuales y la regulación de mecanismos para su garantía. Lo trascendental es lograr que los Estados asuman el compromiso de hacer valer el significado de derechos sexuales contenido en el Consenso de Montevideo a través de su incorporación en los sistemas legales.

Esta inclusión, de avanzada en materia de derechos humanos,ocurre en un contexto adverso en el que no existen instrumentos jurídicos a nivel internacional que hagan vinculante su cumplimiento, algo que debemos seguir de cerca.

En esta misma medida prioritaria, resulta complejala medición a través de indicadores como el “Porcentaje de disminución de la violencia sexual”, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de información sobre el tema y los diferentes niveles de calidad de los datos, incluyendo el subregistro que existe en nuestros países.

Por su parte, las medidas prioritarias 34 y 35 pudieran haberse integrado, abarcando los derechos a una sexualidad plena, sin discriminación, y el acceso a servicios de SSR. Por ejemplo, las líneas de acción 3, 4 y 5 de la medida 35 visibilizan los derechos sexuales, ya abordados en la 34. Una posible solución es mantener las medidas prioritarias, pero integrar las líneas de acción, metas e indicadores, siempre que sea posible, para no perder la claridad conceptual del Consenso.

En la medida 35, además, hay indicadores que se presentan como “Proporción de la población que reconoce sus derechos o porcentaje de población que reporta discriminación…”, sin tener en cuenta las necesarias desagregaciones dentro de la población. Son indicadores relacionados y requieren de instrumentos de recogida de información específicos.

Las medidas prioritarias 36 y 37 incluyen la visibilización de grupos específicos:si bien en la 36 se refiere a las poblaciones LGBTI, en la 37 se incluyen, además, otros grupos. Una recomendación sería mantener las dos medidas prioritarias, pero integrar las líneas de acción, metas e indicadores.

En la medida prioritaria 38 resulta muy significativa la adopción de la meta “Para 2030, poner fin a la epidemia del SIDA”. Es muy relevante que nuestra región inscriba este compromiso en el Consenso de Montevideo. En este sentido, el documento propone un indicador para el monitoreo de la erradicación de la epidemia que debe ser formulado con precisión para garantizar su seguimiento. Sin embargo, llamo la atención sobre las desigualdades regionales y al interior de países, un aspecto ineludible cuando se establece una meta de esta envergadura.

En el caso de la medida prioritaria 39, en tanto, resulta relevante la línea de acción dirigida a atender a las mujeres embarazadas,“para el diagnóstico temprano del VIH/SIDA y para garantizar la terapia antirretroviral adecuada a fin de evitar la transmisión vertical”.Consideramos que ésta es una meta alcanzable y el caso de Cuba, que lo consiguió aún en condiciones de bloqueo económico, financiero y comercial, lo demuestra.El reto estaría, también, en que países con logros de este tipo implementen medidas para mantener lo alcanzado y para mejorar la calidad de los servicios.

Obviamente, vale resaltar que si la medida prioritaria 38 se mantiene con las metas establecidas, algunas de las metas de la 39, estaríanevidentemente cumplidas.

En la medida prioritaria 40 es importante destacar las líneas de acción No.2 y 3, que enuncian la necesidad de “asegurar la atención obligatoria y gratuita de las mujeres embarazadas en todo el territorio nacional” y de“implementar programas de atención al embarazo que aseguren un mínimo de controles prenatales, y la atención institucional de calidad del parto para prevenir muertes evitables”.Estas líneas, complementadas con la No. 1, que explicita la necesidad de contar con programas a nivel local, resultan muy significativas para nuestra región.

¿Y qué pasa con los países que ya logramos estas metas? Cumplirlasno necesariamente conduce a la reducción de las muertes maternas a los niveles deseados.En Cuba, por ejemplo, aspiramos a que disminuyan en la misma medida en que ha disminuido la mortalidad infantil y mantenemos, además, el compromiso de seguir ayudando a otros países.

La medida 42 sobre la necesidad de asegurar abortos seguros en el marco de la ley de los países resulta medular por su impacto en la morbilidad y mortalidad maternas. Debe ser vista a la luz del concepto de derechos sexuales reflejado en el Consenso de Montevideo y su guía operacional, específicamente en lo concerniente a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad.

De manera general, algunas metas aparecen formuladas como objetivos, por lo que no ofrecen claridad del resultado que se espera alcanzar. Es importante que las metas sean formuladas atendiendo a resultados concretos, por ejemplo: “Al 2030 todos los países cuentan con legislaciones específicas sobre derechos sexuales y con mecanismos de queja y sanción para casos de discriminación”.

El orden lógico sería: ¿Qué queremos medir, cuál indicador necesitamos? ¿Existe información y línea base? ¿La construimos? ¿Cuál es la meta?¿Cuál es el referente temporal para su cumplimiento?

Algunas recomendaciones estratégicas:

– Identificar los criterios para indicadores clave: que permitan medir las desigualdades; que sean coherentes con los indicadores de los ODS y que establezcan avances de impacto.
– Los indicadores de proceso deberían dejarse para el trabajo a nivel nacional, teniendo en cuenta que pueden cubrir las riquezas de las diferencias contextuales de la región.
– Crear un pool de indicadores de proceso referenciales que puedan ser tomados y adaptados por los países de acuerdo con sus contextos y niveles de avances.
– Socializar experiencias exitosas en materia de implementación, seguimiento y rendición de cuentas.
– Una alternativa para construir los indicadores clave sería identificarlos imprescindibles. Podrían seleccionarse aquellos que son coincidentes con los establecidos por los ODS y adaptarlos a la región.
– Identificar claramente cuáles son los criterios temporales para el cumplimiento de las metas.
– Es necesario contar con indicadores integrales o sintéticos de varias medidas; algo que ya el propio documento identifica.
– Visibilizar el Consenso de Montevideo a nivel de quienes toman las decisiones, pero también a nivel de toda la población para legitimar el compromiso.
– Impulsar los mecanismos de cooperación Sur-Sur.

Si bien contamos con instrumentos internacionales que comprometen a los Gobiernos, y la mayoría de los países implementan políticas públicas relacionadas con la salud y la educación integral de la sexualidad, entre otros, el panorama en materia de desigualdades, pobreza, y del ejercicio de los derechos no ha cambiado sustantivamente, y nuestra región es un reflejo de estas inequidades.

Ello exige una acción rápida y contundente de la sociedad global. Lasdiferencias económicas se han expandido a cerca de la mitad de los países del mundo durante el período de vigencia de los ODM, y nos encontramos frente a un único desafío: tomar medidas que transformen las realidades sobre las cuales se construyen hoy las agendas de políticas públicas.La paz en la región es indispensable para impulsar los compromisos que hoy debatimos. Garanticemos que el Consenso de Montevideo haga la diferencia.

 

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